La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presentado las propuestas definitivas del Comité de Expertos de su Departamento para la elaboración de una nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto está previsto que se conozca antes del verano. Los especialistas, y la propia ministra, han defendido que las adolescentes de 16 años puedan interrumpir su embarazo de manera voluntaria sin necesidad de contar con el consentimiento paterno.
De hecho, Aído ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que a una menor de esa edad se le suponga madurez suficiente para "casarse o tener relaciones sexuales", pero no para abortar.
El Comité de Expertos que asesora a Igualdad ha desarrollado sus trabajos durante seis meses de manera paralela a la subcomisión parlamentaria sobre el aborto. Como ésta, ha concluido que la solución más recomendable es combinar un sistema de plazos con otro de indicaciones: el aborto sería libre hasta las primeras 14 semanas, y se permitiría hasta las 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Para aquellos casos de diagnósticos tardíos de malformaciones, los especialistas han recomendado al Gobierno que no establezca ningún límite.
Sin sanciones penales
La ministra también ha defendido, en consonancia con su Comité, que a las mujeres que aborten no se les sancione a través del Derecho Penal. "Ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel", subrayó Aído, que presentará mañana estas conclusiones al Consejo de Ministros.
"No se trata de hacer una ley más permisiva, sino más segura", ha dicho la ministra, que ha añadido que "se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de uns plazos y supuestos bien definidos. Desde cualquier perspectiva, será mejor ley que la actual".
La nueva norma subrayará aspectos como la información, para que la decisión de abortar sea verdaderamente libre, y prevención a través de la educación afectivo sexual y los métodos anticonceptivos. En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en su preocupación por el incremento en el número de abortos y en que la interrupción del embarazo no es la solución más deseable.
Por último, la ley del Aborto incluirá algún punto que obligue a los hospitales públicos a derivar a una determinada unidad a las mujeres que deseen abortar, para evitar que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia les obligue a hacerlo en una clínica privada.
De hecho, Aído ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que a una menor de esa edad se le suponga madurez suficiente para "casarse o tener relaciones sexuales", pero no para abortar.
El Comité de Expertos que asesora a Igualdad ha desarrollado sus trabajos durante seis meses de manera paralela a la subcomisión parlamentaria sobre el aborto. Como ésta, ha concluido que la solución más recomendable es combinar un sistema de plazos con otro de indicaciones: el aborto sería libre hasta las primeras 14 semanas, y se permitiría hasta las 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Para aquellos casos de diagnósticos tardíos de malformaciones, los especialistas han recomendado al Gobierno que no establezca ningún límite.
Sin sanciones penales
La ministra también ha defendido, en consonancia con su Comité, que a las mujeres que aborten no se les sancione a través del Derecho Penal. "Ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel", subrayó Aído, que presentará mañana estas conclusiones al Consejo de Ministros.
"No se trata de hacer una ley más permisiva, sino más segura", ha dicho la ministra, que ha añadido que "se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de uns plazos y supuestos bien definidos. Desde cualquier perspectiva, será mejor ley que la actual".
La nueva norma subrayará aspectos como la información, para que la decisión de abortar sea verdaderamente libre, y prevención a través de la educación afectivo sexual y los métodos anticonceptivos. En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en su preocupación por el incremento en el número de abortos y en que la interrupción del embarazo no es la solución más deseable.
Por último, la ley del Aborto incluirá algún punto que obligue a los hospitales públicos a derivar a una determinada unidad a las mujeres que deseen abortar, para evitar que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia les obligue a hacerlo en una clínica privada.
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